El pasado lunes me invitaron a participar en un foro telemático de alcaldes organizado por la iniciativa de repoblación Proyecto Arraigo. Junto a la alcaldesa de un pueblo de Segovia y los alcaldes de sendos municipios de Palencia y Zaragoza, planteamos un debate acerca de los factores sociales y culturales que favorecen la despoblación.
Por dar esperanza, abordé las posibilidades del teletrabajo y las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el mundo rural. Consciente de que no hay recetas mágicas ni utopías al alcance, insistí en que el teletrabajo requiere, básicamente, cobertura móvil y conexión a la red, por lo que hoy en día se convierte casi más en un asunto de voluntad personal que de medios técnicos. Ahí ya entran otros conceptos como la expectativa de un futuro mejor, la incertidumbre de una moda pasajera, la necesidad de un caldo de cultivo apropiado y otras cosillas que no caben en este margen.
Sigo empecinado en reclamar cobertura estable y conexión robusta antes de priorizar el despliegue de redes móviles de última generación y fibra óptica de “todos los gigas”. Pero claro, la propaganda política siempre apostará por el mensaje de los planes de despliegue antes que por el discreto trabajo de garantizar la estabilidad de las redes. Es mucho más importante saber, al sentarte a trabajar, que no vas a tener problemas de conexión que sentir una velocidad vertiginosa. Y, por supuesto, que los mensajes propagandísticos de despliegue se refieran a porcentaje de territorio y no a porcentaje de población porque, al fin y al cabo, Fuenlabrada tiene los mismos habitantes que toda la provincia de Cuenca. Siempre terminamos en el mismo concepto: el principio de igualdad constitucional.
Resulta una perogrullada afirmar que, gracias a las TIC, jamás en la historia el mundo rural ha tenido un acceso similar a las posibilidades del ámbito urbano: a la información instantánea, a la adquisición de bienes, al ocio globalizado. Todavía no podemos pedir comida a domicilio, pero sospecho que lo preferimos porque seguimos, gente rara, manteniendo la prioridad en la relación social antes que en el producto.
Y, si alzamos la vista, las perspectivas telemáticas se amplían en la prestación de servicios públicos básicos, desde el diagnóstico médico en el área sanitaria al aprendizaje transversal en el área educativa. La pandemia ha acelerado un proceso inevitable: el médico ya le hace las recetas a tu abuelo por teléfono, tu hijo aprende inglés en videoconferencia con un nativo, tu hermana paga sus facturas por banca electrónica y tu padre tramita licencias por sede electrónica. Podemos intentar negar la evidencia, pero la tendencia es impepinable: la optimización de recursos lleva a administraciones y empresas a potenciar, cada vez más, lo telemático.
Y en este proceso de profunda digitalización de la administración pública hay que poner el foco en la brecha digital porque resulta básico “no dejar a nadie atrás”. Hace unos días, la periodista conquense Lorena Mayordomo publicó un amplio reportaje acerca de los servicios bancarios en el mundo rural y la problemática que sufren, sobre todo pero no solo, las personas mayores. Ahí debe radicar la base de la reivindicación: en la identificación de los colectivos vulnerables para que el tsunami digital público no arrase su voluntad, su autoestima y su necesidad.
La Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha aborda en su Artículo 25 la Administración digital, pero siento que, en algunas ocasiones, no se incide en el apartado de “garantizar la asistencia a todas las personas que tuvieran alguna dificultad para realizar la tramitación telemática”. Veremos, con el paso de los meses, de qué forma se materializan las buenas intenciones de la ley en tema de reducción de brecha digital, porque el papel aguanta todo pero la realidad es otra historia.