Este pasado jueves se convocó un pleno extraordinario y urgente en la Diputación de Cuenca. Para que luego digan que la Administración pública es lenta: en dos días laborables se informaron las alegaciones al Plan Estratégico de Subvenciones y luego se desestimaron, el miércoles en comisión de hacienda y el jueves en pleno urgente.

Si hubo que echar leña a la locomotora de la función pública fue porque se habían recibido decenas de alegaciones de ayuntamientos inconformes con dicho Plan de Subvenciones: un plan que margina a casi doscientos pueblos de la provincia, a los que se mutila una posibilidad de inversión, mientras otros, como Almonacid del Marquesado, donde el alcalde es el presidente de la Diputación, recibe 180.000 euros sin dar explicación de la finalidad de la inversión. Es más, hay ayuntamientos que van a recibir subvenciones sin ni siquiera saber su objeto ni su valoración económica, así las gasta este equipo de gobierno socialista.

El pasado viernes, de hecho, colapsó la sede electrónica de la institución provincial. Se desconoce si por labores de mantenimiento, por el aluvión de alegaciones o por una extraña casualidad. Triste semana la de Chana y su banda (“me siento muy orgulloso de pertenecer a la banda de Chana” confesó un diputado socialista hace meses, sospecho que en la acepción de “manada” del término): el viernes recibieron un torrente de alegaciones y el lunes les comunicaron una sentencia judicial que labra su sectarismo al respecto de la plantilla del personal de la Diputación de Cuenca.

En el pleno del pasado jueves, los diputados del grupo popular abandonamos el salón provincial en señal de rechazo a las irregularidades del equipo de gobierno y de hartazgo a la opacidad con la que se ha bendecido el célebre Plan Estratégico de Subvenciones. Si la prevalencia de subvenciones nominativas respecto a las de pública concurrencia es escandalosa, más lo es todavía que ni siquiera se den a conocer los detalles de dichas ayudas y se cobijen bajo paraguas tan genéricos como “mejoras patrimoniales” o “mejoras urbanísticas”.

En ningún momento de estos casi tres años de legislatura habíamos planteado abandonar un pleno, y no porque hayan faltado motivos para levantarse tras cada descalificación ofensiva a un diputado o al grupo. Nuestro sentido del deber y nuestra conciencia de la necesidad del debate como alcaldes (9 de los 11 diputados del grupo lo somos) secuestran nuestras ganas de dar un portazo a Chana y su banda. Sin embargo, es cierto que estamos hartos de un equipo de gobierno capaz de estrangular todo reglamento en su misión sectaria y opaca, un gobierno que solo entiende la demanda judicial como límite a su libertad de acción.

Este mismo jueves, el partido socialista publicó una nota de prensa en la que advertía que “el Partido Popular se va a echar al monte en este tramo final de la legislatura”. Y si nos echamos al monte, almas de cántaro, es porque sabemos que ahí estáis, desorientados, ajenos a la ley, manada perdida que prefiere perder el último tren antes que defender a su provincia. Os intentaremos traer del monte, con buena voluntad, a la civilización del imperio de la ley.