En esta semana de resaca de la Semana Santa, hemos leído dos artículos de prensa con notable repercusión que se entienden mejor juntos: “Un año riéndose de Soria, Cuenca y Teruel” en Soria Noticias y “El Gobierno cree que la fiscalidad diferenciada en zonas despobladas supone discriminar entre comunidades” de Luis Cañete para Voces de Cuenca.

La fiscalidad diferenciada, como cualquier tema relacionado con asuntos económicos, es un concepto tan aburrido como trascendental y se resume en la distinción que practica un Gobierno en la carga impositiva con la que grava a ciertos colectivos sociales que presentan alguna particularidad. Por ejemplo, en España hay regiones con especificidades fiscales como Canarias, por su ubicación geográfica, que recauda un 7% por IGIC en vez del correspondiente 21% por IVA o como el País Vasco por su, suponemos, Rh negativo o supremacismo nacionalista.

Últimamente andan los gobiernos haciendo cabriolas con estas reivindicaciones y, así, vemos cómo Pedro Sánchez intenta estrangular a Díaz Ayuso acusándola de practicar “dumping fiscal” y propone una homogeneización impositiva para “igualar las oportunidades del territorio” pero cierra los ojos a las ventajas fiscales históricas que disfrutan vascos y navarros.

Ahora, intuimos que con la artillería mirando a Madrid, el Gobierno central declara que no procede hacer diferenciaciones fiscales para zonas despobladas “porque generan discriminación entre comunidades” sino que es preferible proponer subvenciones y ayudas directas. Suena a clásica actitud paternalista: "no sois capaces de progresar por vosotros mismos ni aunque os demos un empujón, así que compraremos vuestra voluntad vía subvención directa, y así, si os mantenemos, nos respetaréis".

El mismo partido político, sin embargo, actúa de forma diferente en nuestra región. Y no nos extraña demasiado porque sabemos que el partido de Pedro Sánchez es capaz de vender un mensaje en cada territorio, como Groucho: “estos son mis principios, y si no le gustan tengo otros”. Y mientras Sánchez rechaza la discriminación fiscal positiva bajo la problemática demográfica, García-Page la vende como una gran receta a través de desgravaciones en la declaración de la renta que favorecen a habitantes de municipios calificados de extrema o intensa despoblación y, en especial, si cuentan con menos de 2.000 vecinos.

¿Variará el padrón de nuestros pueblos en función de estas ventajas fiscales autonómicas? Posiblemente, porque habrá contribuyentes a los que les merezca la pena cambiar su “estancia efectiva” y, en consecuencia, se incrementará la recaudación autonómica. ¿Mejorará la actividad económica en Castilla-La Mancha? Difícilmente, puesto que esta deducción sobre el IRPF está diseñada más como una cuestión de maquillaje familiar que de impulso empresarial.

De hecho, lo que las patronales de Soria, Cuenca y Teruel reclamaron a la Unión Europea estaba encaminado a la reducción de los costes laborales “para compensar la dificultad competitiva que supone operar desde territorios despoblados”. Y, a pesar de que la Comisión Europea dio luz verde a estas ventajas fiscales al considerar que no atentaban contra el libre comercio y la competencia, el Gobierno de España no ha materializado ninguna bonificación al respecto. Ni tiene intención de hacerlo.

Pasado ya un año desde aquella famosa “luz verde” europea, esperamos escuchar la voz de todos los perjudicados en defensa de los intereses de nuestra provincia, desde CEOE-CEPYME como impulsora y gran adalid de la reivindicación a los representantes socialistas que gobiernan las instituciones como Guijarro y Chana, desde “partidos políticos vaciados” como Teruel Existe a administraciones sectoriales como el MITECO o el Comisionado Regional para el Reto Demográfico. En concreto, sería muy interesante que se manifestase Carmen Torralba como presidenta de la comisión de despoblación y reto demográfico en el Senado para explicar por qué el Gobierno no implanta sus propios compromisos.

No debiera ser tan difícil ponernos todos de acuerdo en la defensa inequívoca de Cuenca para luchar contra la despoblación desde la arista del impulso empresarial.