En el Día de Europa, tal vez debamos valorar si la UE está comprometida con el Patrimonio Histórico. La respuesta es positiva, pero con matices. En el texto fundacional Tratado de Roma (1957) se determinó que la cultura en toda su extensión era “Competencia de los Estados”. Es decir, la UE no podía legislar o intervenir directamente en políticas culturales, pero como indica también el Tratado, debe promover programas o acciones de apoyo y “coordinación” para la conservación y protección del patrimonio y la cultura europeas. Por tanto su campo de acción es,
A: concienciar, promover políticas de valoración y protección
B: elaborar criterios y directrices no vinculantes
C: generar incentivos sociales y económicos
D: financiar la restauración y acciones de conservación a través de los Estados Miembros
Sin embargo, en los años que precedieron a la firma del Tratado de Roma (1955), la UE trabajó intensamente y con éxito a favor de la cultura, la educación en democracia y el patrimonio histórico. El instrumento fue el Consejo de Europa, creado en el Tratado de Londres (1949) con sede en Estrasburgo. Se trata de un organismo intergubernamental donde están representadas las Asambleas Nacionales que funciona como un “think tank”, inspiradora de las políticas y órgano consultivo de alto nivel. Pues bien, desde sus orígenes, tuvo un departamento dedicado a la formación en democracia y protección del Patrimonio Cultural. Con los mejores expertos el Consejo de Europa elaboró criterios y directrices sobre la gobernanza y gestión del patrimonio histórico que, aún hoy, constituyen el marco mejor teórico y práctico para la buena gestión. Además, el Consejo proporcionó “asistencia técnica” y legislativa a numerosas administraciones y ayuntamientos que solicitaron su ayuda.
Entre sus aportaciones se pueden citar, la “Convención para la Conservación del Patrimonio Arqueológico Europeo” (1969) conocida como la “Carta de la Valette”), donde se establecieron los criterios para la arqueología, la “Convención del Patrimonio Arquitectónico de Europa” (1985) que sentó las bases para la conservación de los “Conjuntos Históricos” y que ha sido uno de los documentos más influyentes en arquitectura y urbanismo. Es más, si las administraciones nacionales o regionales hubieran traspuesto y aplicado estos principios y recomendaciones correctamente y con firmeza, hoy estaría en pie gran parte de nuestro patrimonio destruido y no tendríamos que sufrir algunos pastiches o las falsas imitaciones que nos salen al paso.
El Tratado de Maastricht (1992) reconoció oficialmente la dimensión cultural en la política europea, introdujo de forma ambigua y confusa su responsabilidad en el ámbito del patrimonio: La Unión Europea debe contribuir al «florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional poniendo de relieve, al mismo tiempo, el patrimonio cultural común». Art 151. En realidad, frente al empeño y eficacia del Consejo de Europa, el traspaso de la Cultura y del Patrimonio a la Comisión Europea significó un retroceso. Desde entonces, hasta entrado este siglo, la administración europea, nunca ha querido ni ha sabido promover un liderazgo cultural.
Es cierto que la UE ha contribuido económicamente a la restauración de la arquitectura y a la regeneración de espacios urbanos y barrios, ya sea a través de los fondos estructurales o programas concretos, como el Leader, que ha servido para recuperar numerosas casas rurales y monumentos. Muchos pensarán que ¡si Europa paga lo demás no importa!. Tal afirmación no es válida, la cultura y el patrimonio constituyen un sistema complejo que la mayor parte de los gobiernos no saben como encajar en sus agendas, ni disponen de recursos humanos especializados en su conservación. Por eso, en las instituciones europeas interesa comprobar si esas inversiones destruyen o revalorizan.
Desde el 2009, la Unión ha ido cambiado su posición y ha incorporado el Patrimonio Cultural a la lista de inversiones preferentes. Lo ha introducido en las Agendas Urbanas y Cartas Europeas como la reciente de Leipzig (2019). Además, figura entre las prioridades en los programas Post Covid. “Recovery and Resilience Development Fund” y “New Generation EU”. Pero en los textos aún no se ha enunciado cuales son los criterios para su adjudicación y los “indicadores” para valorar su eficiencia. Son los Estados y las Regiones los que ahora han de defender su presencia en los próximos documentos que se firmen entre Europa y España. Llegados a este punto no me fio demasiado.
Desde Europa se darán preferencia a proyectos innovadores, de gran envergadura, a ser posible en red, con impacto en la dinamización de ciudades y territorios. Por eso, no entiendo por qué la Diputación de Cuenca ha reducido o retirado fondos a iniciativas como “Serranía in Vía”, que presentaba actuaciones en 8 municipios y cuyo objetivo era contribuir a dinamizar la Sierra Baja o al Convento de Santo Domingo en Huete y otro gran número de inversiones en monumentos que ya habían sido aprobados. Proyectos que, además de recuperar y dignificar paisajes envejecidos, proporciona a los habitantes edificios útiles para trabajar y embellecer sus pueblos. Nadar contra corriente es señal de confusión e ignorancia institucional.
El volumen del patrimonio español en regiones despobladas requiere instituciones convencidas, capaces de concebir proyectos en los que el hábitat y las ciudades sean el objetivo nuclear de estrategias de desarrollo económico, creación de empleo y recuperación estética de sus ciudades. Para atraer población es preciso devolver a los pueblos el atractivo que proporcionan la diversidad funcional, la arquitectura, la naturaleza y los entornos bien cuidados.
Cristina Gutiérrez-Cortines (Catedrática de Historia del Arte Universidad de Murcia, Diputada Parlamento Europeo (1999-2014) y Presidenta Fundación Ars Civilis)