Hace unos meses leí un artículo sobre el cambio climático acompañado por un gráfico de barras muy ilustrativo que informaba sobre las ingentes emisiones de dióxido de carbono que provoca tener un hijo. El tamaño de la barra de la gráfica era abismal comparado con comer carne o conducir un coche; acongojaba asumir, a cualquiera con un dedo de conciencia climática, la responsabilidad de formar una familia en términos de contaminación. Cada hijo que traigas al mundo, se podía inferir del artículo con una lógica aplastante, se convierte en un culpable directo del calentamiento global, en una puñalada al medio ambiente y al futuro.
El día que ese gráfico a todo color acabe en Moncloa, o en el eventual ministerio de transición ecológica, los gurús políticos baremarán la posibilidad de prohibir engendrar prole: “en nuestro innegable compromiso con un mundo más verde, condenamos la libertad de tener hijos-hijas-hijes y, si bien no vemos conveniente legislar la prohibición, incorporaremos un pionero impuesto que grave a los padres para desincentivar la procreación”.
Este ejemplo caricaturizado puede servir para ilustrar el arte de la política según Groucho Marx: hacer un diagnóstico falso de los problemas y aplicar después los remedios equivocados. Del mismo modo que resulta harto extravagante pensar en limitar la población mundial para combatir el cambio climático, se puede determinar que poner al vehículo privado en la picota presenta muchas incógnitas que se deben afrontar.
En su travesía hacia un futuro más verde y sostenible, el Gobierno de España se ha fijado en el transporte privado para justificar en Europa que, al tiempo que manifiesta su sensibilización climática, promete recaudar más para equilibrar cuentas vía peaje en carreteras e impuesto al diésel. Sin ánimo de manifestar oposición al enfoque, se deben considerar las sombras de la propuesta a fin de garantizar que sea justa y efectiva: nos tememos que sea contraproducente, una vez más, para el mundo rural.
En una provincia como la nuestra, hay multitud de factores que dificultan la transición ecológica en el transporte: la deficiente infraestructura de puntos de recarga de vehículos eléctricos, la vasta extensión del territorio que obliga a desplazamientos cotidianos largos, la escasa autonomía y elevado precio del vehículo eléctrico, la elevada dispersión poblacional que distribuye servicios y, sobre todo, el cada vez más deteriorado transporte público. Si no hay alternativa al coche privado y este se ve gravado, será todavía más complicado hacer atractivo ir a vivir a un pueblo, ¿cómo luchar contra la despoblación si tienes que gastar, entre combustible atiborrado de impuestos y peaje, veinte euros diarios solo para acercarte al trabajo? Maldito, pues, el panadero que quema gasoil durante cuarenta kilómetros para vender una docena de barras de pan.
Resulta, por cierto, paradójico que se pretenda vestir con un halo de justicia el peaje con argumentos necios como “el que contamina paga” o “el que usa paga”. El primero, porque en la balanza de emisiones el mundo rural limpia más que ensucia. El segundo, porque la fiscalidad no se basa en el pago por servicio sino en la gestión integral; y puestos a defender lo contrario, que empiecen copiando a otros países europeos en los que la televisión pública se financia mediante impuesto específico, a ver dónde termina RTVE. A ver si ahora el copago farmacéutico va a ser una buena opción y vamos a proponer instituciones culturales autosuficientes.
En definitiva, lejos de rasgarnos las vestiduras con afectado histrionismo y evitando reclamar privilegios, aspiramos a visibilizar la necesidad de incorporar el “enfoque rural” a las decisiones gubernamentales que inciden en la vida de todos. De este modo, si se barema la repercusión de una política determinada tanto en Fuenlabrada como en Salinas del Manzano, tomará sentido el apellido “reto demográfico” en una vicepresidencia nacional.